La residencia: una jaula de oro

Ayer estuve ojeando algunos datos para prepararme una ponencia que debo impartir pronto. La verdad es que cuando me puse a buscar aquellos relacionados con el maltrato a personas mayores, solo encontré algunos relacionados con el maltrato en el entorno domiciliario y en el institucional. Esto, está bien. Los datos digo. Pero he podido comprobar que todavía quedan algunas lagunas por iluminar. La mayor es la que hay cuando se habla de la situación de maltrato sufrido por personas mayores que viven en residencias, pero cuyo agente causante no es la institución (profesionales) sino otras personas. ¿De que personas hablamos?. Pues de cónyuges, familiares, amigos/as, antiguos/as vecinos/as, y por qué no decirlo, también de otros ancianos de la residencia. 

Es arriesgado, lo sé, hablar de estas cuestiones sin entrar en el terreno de la moralidad. Pero de eso se trata. El maltrato a personas mayores, como el de cualquier otro tipo, es una inmoralidad, se haga en el marco jurídico que se haga. 

Quizás sería más fácil de explicar y entender con algunos ejemplos. Para los que trabajamos en el entorno profesional de la residencia de mayores, no nos es ajeno antes o después, alguna situación protagonizada por aquel anciano/a que no puede pagar la mensualidad (ya sea en modalidad co-pago por dependencia o en régimen privado). La causa suele ser la apropiación del contenido de la cartilla de ahorros, escaso casi siempre, por parte de algún familiar que estaba autorizado por el anciano. Las circunstancias que rodean esta situación, no tan excepcional, son variopintas. Van desde la necesidad de dar de comer a los hijos del familiar que se ha apropiado del dinero, hasta el irse de vacaciones a la playa. También he podido ver en mi vida profesional a familiares que después del ingreso han ido despojando al anciano/a de sus pertenencias visita tras visita; primero fueron unos pendientes, luego unos anillos que le gustaban a su hija (nieta). He visto incluso a algunos familiares sustraer audífonos a sus ancianos para empeñarlos. No es raro tampoco comprobar cómo detrás de alguna que otra visita de un familiar, que hace años que no ha visitado a su madre/padre en la residencia, y tras estar menos de 15 minutos antes de irse, aparece el color violáceo en el dedo índice del anciano visitado. No por la baja saturación de oxígeno, no, sino por haber puesto su dedo en un tampón de tinta con el que luego habrá dado el visto bueno legal a la venta de alguna de sus propiedades. A veces aparecen los/as buenos/as samaritanos/as. Estos son aquellos que por lo visto velaban por el anciano sin familia cuando todavía estaba en su casa: vecinos, amigos del bar, etc… Curiosamente, el ingreso viene precedido por la venta "milagrosa" de su casa a este vecino "por un precio de amigos" dice aquél. Ya lo dice el refrán: "Al viejo y al bancal lo que se le pueda sacar".

¿Que hacemos desde las residencias cuando esto pasa? Esta es la pregunta que me hizo una señora en el turno de preguntas tras haber dado una conferencia. La verdad es que es la gran pregunta, que lleva a otra. La primera es ¿qué debemos hacer?. La segunda ¿hasta donde se supone que debemos hacer?. Estas cuestiones no exentas de carga moral y ética deben ser matizadas. Primeramente, cuando el anciano está incapacitado legalmente o de hecho (presunto incapaz) hay que comunicar al juez de manera inmediata la posible situación de maltrato, sea del tipo que sea (físico, psicológico, económico, negligencia, etc…), más si cabe cuando el agresor es el tutor legal o el representante legal ante la residencia (son dos figuras distintas que pueden coincidir o no). La situación en estas circunstancias es triste pero vemos que fácilmente manejable. El gran problema es cuando el anciano es capaz, cognitivamente, es decir, puede tomar decisiones por si mismo para autogobernarse. ¿Cual es el papel de la residencia como institución entonces?. Como todo en esta vida, es cuestión de grados. Lo que hacemos es comprobar si efectivamente las sospechas, más o menos manifiestas, son ciertas o no. Si las sospechas son ciertas lo que procede NO es hablar con el causante del maltrato (aquello de "le voy a decir cuatro cosas al hijo…"), sino con la víctima de dicho maltrato. A veces, a modo disuasorio, solo se puede llamar al familiar para preguntarle, por ejemplo: "Ya que es usted persona autorizada en la cartilla de su madre, ¿sabe que ha pasado este mes que nos han devuelto el recibo?". A veces, solo con la pregunta, el familiar te cuenta situaciones que aclaran lo sucedido: embargos, factura del taller mecánico, la compra de los libros del colegio de los hijos, etc… En esos casos, la carga moral es compartida, sobre todo cuando nos encontramos con respuestas de arrepentimiento. Debemos poner en marcha las medidas de asesoramiento al familiar, si no las tiene. Derivarlo a Servicios Sociales de zona si no ha ido, por ejemplo. Si las tiene debemos procurar la rectificación inmediata de la conducta, aunque con medidas de corto y medio plazo: reconocimiento de deuda, nueva planificación de pagos pendientes, etc…Esto siempre debe ser informado y conforme el anciano víctima del maltrato económico, en el ejemplo que hemos puesto. Otras conductas de maltrato como el físico o sexual no tienen ninguna alternativa ni grado posible.

En nuestro marco legal para que la máquina judicial pueda ponerse en marcha, la única persona que puede denunciar es la víctima. Nosotros podemos denunciar, por supuesto, pero dicha denuncia debe ser corroborada por la víctima. En 17 años de profesión solo he visto dos casos en los que una madre ha denunciado a un hijo. Para muestra un botón. Lo que si podemos hacer es poner en conocimiento del ministerio fiscal del juzgado de referencia la situación de posible maltrato. Al menos eso. No podemos quedarnos diciendo como hasta ahora "Que pena…". En los casos que yo conozco de mi entorno además se pone en conocimiento de la Administración regional en materia de servicios sociales, aunque evidentemente a modo informativo, pues a estos les ocurre como a nosotros.

La clave está en hacer ver a nuestros mayores que ser mayores y estar en una residencia no es motivo para dejarse maltratar. Otras personas, sobre todo las ancianas, les cuesta trabajo asumir esto. Recordemos que ellas nacieron y vivieron en un sistema legal que hasta ya establecida la democracia en nuestro país, les obligaba a depender legalmente del marido para tomar decisiones (ver código civil español previo a la muerte de Franco): firmar un préstamo, abrir una cartilla en el banco, etc... Por no hablar de la violencia de género a esta edad… Algunas llegan incluso a justificar los actos de violencia machista como actos de corregir algo que ella (la víctima) no estaba haciendo bien. El dinero era manejado por el marido, y llegan a la vejez con la sensación ya enquistada de que sus pertenencias deben ser gestionadas por otras personas, ahora los hijos, por haber nacido mujer.

Nuestra misión es sensibilizar, concienciar, promover conductas y comportamientos entre los ancianos que les permita identificar estas acciones de maltrato hacía ellos y hacia otros de su entorno. Establecer un marco de seguridad en la dirección y trabajo social de la residencia que les permita contar que les pasa, con las garantías suficientes de asesoramiento. Debemos también de establecer como protocolo la valoración de situaciones de especial vulnerabilidad para el maltrato: padecer demencia, conflictos familiares previos, trastornos depresivos, negación a ir a casa de los familiares, etc…

Espero que hayáis podido intuir esta situación, que si bien no es nueva si es cada vez más patente. Nuestros mayores dependen de nosotros. Ellos siempre deben decidir, pero nosotros debemos procurar que el marco en el que se tomen estas decisiones sea lo menos agresivo posible. 

Ahí queda eso...